Alrededor de 1900, el Estado argentino tenía un problema concreto. Había logrado lo que quería: millones de inmigrantes desembarcando en Buenos Aires para trabajar los campos, levantar los edificios, mover el puerto. Pero esos millones traían hijos. Y esos hijos no tenían ninguna razón para sentirse argentinos.
No compartían apellido entre sí. No compartían muertos. No compartían memoria. Un chico hijo de napolitanos y una chica hija de gallegos se sentaban en el mismo banco de escuela sin un solo antepasado en común. ¿Qué los hacía compatriotas?
La respuesta del Estado fue: fabricar esa memoria. Inventar los antepasados. Y hacerlo con la precisión de un ingeniero.
Esta es la historia de esa fabricación. No es una denuncia ni una teoría conspirativa. Es algo más incómodo: un mecanismo perfectamente documentado, bastante exitoso y aún en funcionamiento. El historiador británico Eric Hobsbawm lo llamó “tradición inventada”. Argentina es un caso de manual.
Ramos Mejía y la máquina de fabricar argentinos
José María Ramos Mejía no era un burócrata menor. Médico, psiquiatra, autor de Las multitudes argentinas (1899), creía con fervor positivista que el inmigrante era una masa amorfa que había que moldear o el país se disolvería. No lo pensaba con cinismo: lo pensaba con la convicción científica de su época, que no distinguiía bien entre higiene social y eugenesia.
Entre 1908 y 1912, como presidente del Consejo Nacional de Educación, Ramos Mejía montó el aparato patriótico completo. No innovó cada pieza —algunas ya existían— pero las ensambló en un sistema y las hizo obligatorias. La lista:
- Fiestas patrias con acto escolar obligatorio: 25 de Mayo, 9 de Julio, 20 de Junio, 17 de Agosto.
- Jura de la bandera.
- Canto del Himno Nacional en cada acto.
- Retratos de próceres en cada aula.
- Relatos estandarizados de la gesta independentista en los libros de lectura.
- El guardapolvo blanco como uniforme igualador.
El formato del acto escolar —que cualquier argentino reconoce: la formación en el patio, la bandera, el discurso de la maestra, el alumno que recita, los padres que miran— no es una herencia colonial ni algo inmemorial. Es una invención específica, bastante reciente y perfectamente datable. Tiene autor, tiene fecha, tiene objetivo declarado.
El objetivo era darles a esos chicos sin memoria común un conjunto de antepasados compartidos. Un prócer es exactamente eso: un antepasado para gente que no tiene antepasados en común. San Martín no es el abuelo de nadie, pero la escuela lo convierte en el abuelo de todos. Y el formato del acto —solemne, ritual, con guardapolvo blanco y estatua— funciona precisamente porque no admite preguntas. Es una liturgia cívica, y las liturgias no se discuten: se practican.
San Martín, la fragata inglesa y lo que no se deja significar
El 19 de enero de 1812, José de San Martín se embarcó en la fragata inglesa George Canning, que zarpó desde Londres. Lo acompañaban Carlos María de Alvear, José Matías Zapiola, Francisco Chilavert, Francisco Vera, Eduardo Kailitz de Holmberg, entre otros. El barco era comercial: traía manufacturas inglesas y volvió cargado de cueros y materias primas. Cincuenta días después llegó a Buenos Aires. La Gaceta de Buenos Aires del 13 de marzo de 1812 anunció la llegada.
Nada de esto es secreto. La página de efemérides para docentes de la Dirección de Cultura y Educación bonaerense lo dice. Figura en las fuentes. El dato está ahí.
Lo que pasa es que no se lo deja significar nada.
Se cuenta como logística de viaje: San Martín necesitaba un barco, había uno, se subió. Punto. Pero la pregunta que el acto escolar no puede hacerse es: ¿por qué un oficial del ejército español que peleó en Bailén contra los franceses está viajando desde Londres, en un barco inglés, con un grupo de americanos vinculados a logias masónicas, hacia un puerto que acaba de declararse independiente de España?
Las piezas son conocidas, pero se mantienen sueltas. La Logia Lautaro, fundada en Buenos Aires por San Martín y Alvear a su llegada, era una derivación de la Gran Reunión Americana que Francisco de Miranda había organizado en Londres. El historiador Rodolfo Terragno encontró documentos sobre el escocés Thomas Maitland, que entre 1800 y 1803 elaboró un plan para tomar Buenos Aires, cruzar los Andes, liberar Chile y subir a Perú por mar. Es decir: el mismo plan continental que San Martín ejecutaría después. Terragno sostiene que San Martín lo conoció.
De ahí a “San Martín era agente inglés” hay un salto que la mayoría de los historiadores serios no da, y con razón: Gran Bretaña estaba aliada a España contra Napoleón en 1812, y usar el transporte disponible no prueba subordinación. La historiografía académica discute grados de convergencia entre el interés británico en abrir mercados y el interés criollo en independizarse. Esa discusión es fascinante.
Y es exactamente lo que no llega al aula.
El acto escolar necesita un santo, no un oficial de treinta y cuatro años con contactos masónicos en Londres y un plan de origen probablemente escocés. El formato —con guardapolvo blanco y estatua— es estructuralmente incompatible con la pregunta “¿a quién le convenía esto?” No le mienten al chico por maldad. Le mienten porque el ritual necesita una versión que un chico “pueda” recibir. Y ahí se decide de antemano que no puede.
El Centenario: la fiesta adentro, la cacería afuera
Mayo de 1910. Argentina cumple cien años. Buenos Aires se ha reconstruido a la francesa: avenidas, palacios, marmol. La economía está entre las más grandes del mundo per cápita. Viene la Infanta Isabel de Borbón, representando a la Corona española. El hijo próspero invita a la madre pobre a ver cómo le fue.
Pero el mismo gobierno que organiza la fiesta del Centenario ha declarado el estado de sitio. Policías y grupos de jóvenes de la elite recorren los barrios obreros. Se asaltan imprentas. Se destruyen bibliotecas. Se golpea a quien lleve un periódico en italiano o en ídish. Una bomba estalla en el Teatro Colón. Y semanas después se sanciona la Ley de Defensa Social.
La misma semana: fiesta con la Infanta adentro, cacería de inmigrantes politizados afuera.
Para entender esta escena hay que retroceder apenas unos años.
En 1902, la Ley de Residencia había dado al Estado el poder de deportar extranjeros “peligrosos” sin juicio. Miles fueron expulsados. El 1º de mayo de 1909, la policía del coronel Ramón Falcón disparó contra un acto obrero de la FORA en Plaza Lorea. Varios muertos. Siguió una huelga general de una semana: la Semana Roja. En noviembre de ese año, Simón Radowitzky, un pibe ucraniano de dieciocho años, mató a Falcón con una bomba. Terminó en el penal de Ushuaia.
Y entonces entendió el hispanismo del Centenario. No era amor a España. Era buscar una tradición —católica, jerárquica, hispánica— con la cual oponerse al anarquismo y al socialismo que traían los barcos. España servía de antídoto contra los propios inmigrantes. Para 1910, España ya no era una amenaza: había perdido Cuba, Puerto Rico y Filipinas en el Desastre del 98 y quedaba como una potencia acabada. Un país que ya no puede reconquistarte se vuelve inofensivo, y entonces se puede convertir en abuelo.
Pero el inmigrante politizado era otra cosa. Ese sí era peligroso.
La FORA y el anarquismo obrero: lo que la escuela quería borrar
Conviene frenar aquí para dimensionar lo que el Estado enfrentaba, porque la imagen del “anarquista con bomba” —útil entonces, persistente ahora— borra el cuadro real.
Los anarquistas eran, en ese momento, el movimiento obrero argentino. No un grupito marginal. La Federación Obrera Regional Argentina (FORA) adoptó en su congreso de 1905 el comunismo anárquico como objetivo. Tenían un diario propio, La Protesta, que salía todos los días. Organizaban panaderos, portuarios, carreros, inquilinos. La huelga de inquilinos de 1907 en los conventillos la lideraron mujeres y chicos. Y eran, en su enorme mayoría, italianos y españoles: exactamente los inmigrantes que la escuela de Ramos Mejía debía “argentinizar.”
Errico Malatesta, uno de los teóricos anarquistas más importantes del mundo, vivió en Buenos Aires entre 1885 y 1889, organizando sindicatos. No vino de vacaciones.
El atentado de Radowitzky fue real, pero fue minoritario y polémico dentro del propio anarquismo. La discusión era explícita. Malatesta pasó buena parte de su vida argumentando contra la “propaganda por el hecho”: era organizador, no bombista, y sostenía que el atentado individual no construía nada y regalaba pretextos a la represión. Kropotkin, que al principio había defendido la violencia directa, terminó admitiendo que un edificio no se derriba con explosivos sino con organización.
En la práctica, la enorme mayoría del anarquismo argentino se dedicaba a fundar sindicatos, imprimir periódicos, montar escuelas racionalistas y bibliotecas obreras. Ese era el trabajo real. El período de los atentados fue además acotado —aproximadamente 1880-1914— y tenía una lógica específica: canales políticos cerrados, represión sin juicio, sufragio inexistente o fraudulento. La Ley de Residencia deportaba sin proceso. No lo justifica, pero explica por qué aparece ahí y no en cualquier lado.
Y hay algo más: el “anarquista con bomba” fue en buena medida una construcción de la prensa y de la policía de la época, muy útil para criminalizar a todo el movimiento obrero de una. Que es exactamente lo que pasó en 1910.
La Ley de Defensa Social: criminalizar una idea
La Ley 7.029, sancionada en junio de 1910, apenas semanas después del Centenario, fue la segunda pata de la máquina. Si la Ley de Residencia de 1902 permitía deportar extranjeros, esta apuntaba a quienes ya no se podía expulsar.
Lo que prohibía:
- La entrada al país de anarquistas y de quien profesara o hubiera profesado esas ideas.
- Asociaciones, reuniones y actos públicos que tuvieran por objeto propagar el anarquismo.
- La propaganda: impresos, símbolos, la bandera roja o negra en manifestaciones, la apología de hechos o de sus autores.
- Penaba con dureza el uso de explosivos y contemplaba la pena de muerte para el homicidio con explosivos contra funcionarios.
- Castigaba la instigación, incluso sin resultado.
El punto clave es que criminalizaba la idea, no el acto. No hacía falta poner una bomba: alcanzaba con difundir una doctrina o llevar una bandera. Es lo que en derecho se llama un delito de opinión, y es lo que después permitió clausurar imprentas, disolver sindicatos y encarcelar militantes que no habían hecho nada más que organizar obreros.
La ley estuvo vigente hasta 1921, y sirvió de andamiaje para la represión de la Semana Trágica de 1919 y de la Patagonia rebelde en 1921-1922.
Vale detenerse en la fecha: Argentina festejaba cien años de una revolución independentista mientras sancionaba una ley que castigaba tener ideas.
¿Cómo se aplicaba? La vaguedad era el mecanismo. Pero había herramientas concretas. Se exigía certificado de buena conducta en el país de salida, con visación consular —era fácil de falsificar, y muchos entraban por Montevideo para esquivarlo. Después del asesinato de la emperatriz Isabel de Austria en 1898, hubo una conferencia antianarquista en Roma y un protocolo en San Petersburgo en 1904 para intercambiar listas de anarquistas entre policías europeas. Argentina se enganchanchó a esas listas. Y sobre todo: la sospecha por perfil. Ruso, judío, catalán, obrero, joven, con libros en casa. Después del atentado de Radowitzky el estereotipo se cristalizó, y en la Semana Trágica de 1919 hubo directamente pogromos en Once, con turbas cazando judíos por presuntos “maximalistas.”
La huella digital, la ficha y el archivo: la vigilancia como ciencia nacional
Hay un dato que suele contarse con orgullo patrio: Argentina fue pionera mundial en identificación por huellas dactilares. Juan Vucetich, croata radicado en La Plata, desarrolló su sistema dactiloscópico hacia 1891. El caso de Francisca Rojas en 1892 fue el primer crimen resuelto por huellas en el mundo. Para 1910, la policía argentina tenía un archivo de identificación que Europa venía a estudiar.
Lo que no se cuenta con el mismo orgullo es para qué se usó.
Ese aparato, que se vendía como ciencia moderna, se usó para fichar militantes obreros. La ficha, la huella y el archivo nacieron pegados al control del disenso político, no al delito común. La policía tenía agentes infiltrados dentro de los gremios. Y además leía La Protesta, que publicaba nombres de oradores, secretarios y colectas. El movimiento se autodenunciaba sin querer, porque era público por convicción: el anarquismo creía en la transparencia de la acción directa, y eso lo hacía legible para la policía.
El resultado fue un aparato de vigilancia que combinaba la tecnología más avanzada de su época con el método más viejo del mundo: la sospecha por origen. Ruso, judío, catalán. Joven. Obrero. Con libros en casa. El perfil del sospechoso se construía por nacionalidad y clase antes que por conducta.
Es revelador que el mismo Estado que en 1908 montaba las fiestas patrias escolares estuviera en 1910 deportando por decreto a los padres de los chicos que asistían a esos actos. No eran dos políticas distintas. Era la misma, por dos vías: la escuela convertía al hijo en argentino mientras la policía expulsaba al padre por extranjero.
El prócer es una tecnología. No un hecho histórico: una herramienta.
Funciona así: se toma a un personaje real, se lo despoja de sus contradicciones, sus intereses económicos, sus conexiones incómodas, y se lo convierte en una estatua. La estatua se instala en la escuela. La escuela la convierte en antepasado común de chicos que no tienen antepasados en común. Y esos chicos, ya convertidos en argentinos, pueden ser movilizados por el Estado que los fabricó.
El mecanismo es elegante y eficaz. Pero tiene un costo: para que funcione, hay que decidir de antemano qué preguntas el chico “no puede” recibir. Y esas preguntas resultan ser, casualmente, las más interesantes. ¿En qué barco llegó San Martín? ¿Quién lo pagó? ¿Por qué el Estado que inventaba fiestas patrias para los hijos estaba deportando a los padres?
El aparato de Ramos Mejía cumplió más de un siglo. El guardapolvo blanco sigue en las escuelas. Los actos de mayo siguen siendo obligatorios. Las preguntas siguen sin hacerse en el aula.
Pero se hacen afuera. Cada vez que alguien mira la estatua y pregunta: “¿Y esto quién lo pagó?”, el prócer se agrieta un poco. No se derrumba —probablemente no deba—, pero deja ver lo que hay detrás: no un héroe ni un villano, sino un hombre en un sistema de intereses.
Que es, después de todo, la única historia que vale la pena contar.